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Los licores, un trago que no le da guayabo a Córdoba

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Desde tiempos inmemoriales algunos cordobeses han hecho las más insólitas acciones para consumir licor y, otros, se han enfrascado en serias disputas por conseguir o   mantener el control de la producción y distribución de las embriagantes bebidas.

Para mediados del siglo pasado, la pelea entre el clan Garcés* establecido en San Antero, y los Sierra*, de San Bernardo del Viento, por el control de la producción del   apetecido ‘Ñeque’, ‘Guandolo’ o ‘Chirrinche’ –el nombre  cambia de acuerdo con la región donde se fabrique–, fue el preámbulo de los constantes problemas que padecería el Departamento a lo largo de su historia por los licores.

Para aquel entonces el ‘Ñeque’ lo destilaban en tuberías de cobre, para los que poseían la tecnología; otros, lo hacían con medios más rudimentarios, pero el producto final, según los ‘piperos’ –algunos se hacían llamar catadores–, era excelente. Además, para aquella época toda celebración iba acompañada por el artesanal trago. Un cumpleaños, una fecha religiosa, una procesión, un velorio, un entierro, debían estar acompañados de varios ‘calambucos’ de ‘Ñeque’. Cada ‘productor’ tenía su zona de venta. Invadir otra región era motivo para desatar las más agrias peleas, que hacían recordar las épocas de la prohibición a finales de los años veinte en Estados Unidos. En fin, fabricar ‘Ñeque’ era un orgullo que daba prestigio.

Con el pasar de los años, el oficio se fue depurando hasta el punto que en el barrio San Diego, del sector amurallado de Cartagena, Roque Barrios abrió una reconocida ‘academia’ de donde salieron los más excelsos destiladores de la Costa Atlántica. Uno de los mejores alumnos de Don Roque fue un monteriano de nombre Héctor García de los Ríos, pionero en el arte de fabricar licor clandestino, pero no en la presentación de ‘Ñeque’, sino de Aguardiente y Tres Esquinas. Pero el negocio se puso pesado porque tenía mucha demanda y ya su ‘empresa’ no estaba clasificada como ‘clandestina’; lo que lo obligó a irse de Montería. Dejó en obra negra la ‘factoría’ donde iba a empezar a fabricar y destilar licores importados, especialmente el whisky.

Con el pasar del tiempo el control por parte de las autoridades contra los fabricantes clandestinos de licor se hizo cada vez más intenso y se dio paso a la introducción de licores de otros departamentos, por medio de convenios interde¬partamentales. Pero la idea de montar una fábrica de licores en Córdoba rondó las cabezas de muchas personas, en especial las de los políticos. El primer intento lo realizó un congresista conservador en Cereté, pero fue torpedeado por otros. Pero hubo uno que no fracasó; esta es la historia.

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El Departamento de Córdoba salió del anonimato en Colombia por primera vez cuando el país conoció, en los medios de comunicación, las denuncias de violaciones a que eran sometidos los cordobeses por la guerrilla. Pasó el tiempo y esa circunstancia dejó de ser primicia, porque “ya era noticia vieja”. Los colombianos se acordaron de esta región nuevamente en 1985, exactamente el 9 de agosto, cuando el boxeador Miguel ‘Happy’ Lora se coronó campeón del mundo. Tres años después, en la Semana Santa de 1988, nos volvieron a recordar cuando un grupo de hombres enca¬puchados y armados llegó a la vereda ‘Mejor Esquina’, en el municipio de Buenavista, y asesinó a 27 personas. Pero desde 1989 Córdoba es noticia por gestarse aquí los más insólitos y sonados contratos de licores.

Estos contratos han llevado al Departamento a cuantiosos pleitos en las altas cortes; a venganzas, como la que originó la destitución de un gobernador; y otros conocedores del tema van más allá y aseguran, en voz baja, que los licores, al parecer, han llevado a la muerte, tal como ocurrió con el ex senador y ex gobernador de Córdoba Amaury García Burgos y con un ex secretario de Hacienda, Roger Herazo, asesinatos que muchas personas afirman tiene un fuerte olor a aguardiente, aunque no aportan una prueba contundente.

Desde que se fomentaron los contratos interdepar¬ta¬men¬tales para la introducción y comercialización de licores de otros departamentos, en Córdoba empezaron los dolores de cabeza para los mandatarios de turno.

Cuando los gobernadores eran nombrados por los entonces ministros de Gobierno, era casi seguro que el cambio de mandatario estaba acompañado por un nuevo contrato licorero. A veces se llegaba a “caballerosos pactos” y no había necesidad de cambiar al gobernante.

Con la elección popular de gobernadores, estos quedaron con más autonomía en el negocio de los licores, a pesar de que quien escoge al distribuidor es la empresa que produce la bebida, y lo hace por medio de una licitación. Pero no se puede negar la importancia que para tal decisión tienen los gobernantes, tanto del departamento productor como del introductor.

Por otra parte, Córdoba ha fundamentado su política fiscal en los impuestos por la introducción y venta de licores. Es conocido por todos que las empresas distribuidoras de licores le anticipan dineros al Departamento para que salga de sus apuros financieros; en otras palabras, le avanzan al gobernador de turno dineros por los futuros impuestos que deben pagar. Por tal razón es común escuchar, previo a los días de pago de nómina, a funcionarios, decir “el 30 pagamos si Dios y John Restrepo quieren”, refiriéndose a una de las conocidas empresas distribuidora de licores en Córdoba… Aún hoy, sucede así.

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En 1983 el Congreso expidió la Ley 14 de 1983 que regula todo lo referente a los convenios interdepartamentales entre los entes productores de licores y los receptores de las bebidas. Córdoba, a través de esa ley, acepta que en su territorio se venda un número determinado de cajas de licor de otros departamentos; ello queda así establecido en el contrato, aunque muchas veces se han visto estipulados mínimos bastante irrisorios. Asimismo, se determina que la publicidad es asumida por el distribuidor. Por otra parte, la empresa escogida para la distribución se compromete a informar, en forma continua y periódica, sobre las cantidades de licor despachadas por la fábrica para efectos de que la oficina de Rentas del Departamento ejerza el control en el cobro del impuesto de consumo que se aplica acorde con el contenido de cada botella.

En la práctica, Córdoba se ha preocupado por la información periódica que le envía el distribuidor, mas no por ejercer un diligente control. La empresa puede relacionar las cajas que quiera. Antes, las mulas que transportaban el licor lo hacían llegar a los depósitos de rentas departamentales y allí lo estampillaban; ahora, un funcionario de rentas va hasta la bodega del distribuidor a cumplir este cometido.

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Son conocidas las controversias que se arman en Montería cuando se acerca una nueva licitación para la distribución de licores. Llegó el momento en que el negocio estaba controlado por un pequeño grupo de personas (había políticos, comerciantes, abogados, médicos y ex funcionarios, entre otros) que se dividían equitativamente las franquicias: un combo era el responsable del ‘Tres Esquinas’ (Fábrica de Licores de Bolívar); otro, del Aguardiente Cristal (Industria de Licores de Caldas); y, un último, del Aguardiente Antio-queño (Fábrica de Licores de Antioquia, FLA). En un momento dado un pequeño sector, al que se le podía llamar ‘pichón de licoreros’ hizo antesala con la distribución de Aguardiente Néctar (Industria de Licores de Cundinamarca), y de otros licores de otros departamentos de difícil comer¬cialización, mientras esperaban expectantes para colarse en las ‘grandes ligas’.

Así venían realizándose los contratos de licores. Cada distribuidor con su publicidad hacía que su trago fuera el más apetecido. De esas campañas publicitarias se beneficiaron las arcas del Departamento y todos los pueblos que acostumbran a celebrar sus fiestas anuales, ya que las em¬presas licoreras, en su afán por imponer sus productos, patrocinaban llamativos eventos.

Pero era tanto el dinero que generaba el negocio que a un ‘genio’ se le ocurrió la ambiciosa idea de hacer un ‘pool’ para quedarse con la distribución, introducción y producción de todos los licores nacionales e importados. La idea los llenó de emoción. Muchos soñaron con los ceros a la derecha que sumarían a sus cuentas bancarias.

Había que montar todo un operativo para lograr el objetivo. El engranaje de la idea empezó en el tercer piso de la Gobernación de Córdoba. El segundo movimiento se debía hacer allí cerca, al otro extremo del edificio, exactamente en el recinto donde se encuentra uno de los más bellos murales del maestro Grau: en la Asamblea.

Fue así como empezó a maquinarse la creación del más increíble monopolio que hizo parecer a Bill Gates, presidente y dueño de Microsoft, como un simple cacharrero.

El gobernador de Córdoba era, en ese entonces, José Gabriel Amín Manzur, liberal, del sector del grupo político que lideraba Francisco José Jattin Safar. El 11 de mayo de 1989, mediante Decreto Nº 000488, el mandatario departamental convocó la Asamblea a sesiones extraordinarias, entre el 16 y 31 de mayo del mismo año. Pero en vista de que a la Corporación no le iba a alcanzar el tiempo se emitió el Decreto Nº 000558 que amplió el término de sesiones hasta el 15 de junio de 1989.

El 8 de junio, y por iniciativa del gobernador Amín, la Asamblea aprobó la Ordenanza 01 de 1989, que fue sancionada el 12 del mismo mes. Su artículo primero decía: “Autorízase al Gobernador del Departamento para contratar directamente con personas naturales o jurídicas, que se obliguen por su cuenta y riesgo: a) a construir en terreno de su propiedad, montar y poner en funcionamiento, una Empresa Industrial con destino a la producción, introducción y venta de licores y vinos espumosos, así como a la producción, introducción y venta de alcohol, sus productos y subproductos; b) a revertir tal Empresa al Departamento al término del contrato, sin costo alguno para éste contrato que si es de Concesión no podrá exceder de veinte años”. El ponente de la ordenanza fue Jorge de Arco, del movimiento de Jorge Ramón Elías Náder, socio político de Jattin. Los integrantes de la mesa directiva de la Asamblea eran: Libardo López Gómez (q.e.p.d), presidente; José Elías Aruachán Eljach, primer vicepresidente; Fernando Ávila Aguado, segundo vicepresidente; y Diego Vellojín de la Rosa, secretario general.

El 13 de julio de 1989 el Gobernador, en asocio con su secretaria de Hacienda, Gabriela Pérez de Caballero, profiere el Decreto Nº 000667 mediante el cual se reglamenta la Ordenanza 01. Dos semanas después –27 de julio– los mismos funcionarios dictan la Resolución Nº 001556 mediante la cual se ordena abrir un registro de proponentes. Diecinueve días más tarde –15 de agosto– la Resolución Nº 001668 ordena la inscripción en el Registro de Proponentes de unas personas jurídicas para que liciten la producción y venta de licores en Córdoba. El 18 de septiembre de 1989, Amín Manzur y Pérez de Caballero producen la Resolución Nº 001808 mediante la cual se escoge a un proponente para celebrar el contrato de concesión autorizado por la Asamblea. Cuatro meses y siete días se demoró todo el proceso: Fueron 127 días de exhaustivo trabajo. Licitaron: Distribuidora del Sinú Ltda., representada por Eduardo Patrón López; Jorge Gánem & Cía. Ltda., representada por Jorge Gánem Gómez; y la tercera fue Inversiones Córdoba Ltda., representada por Aníbal Janna Arabia. Esta última fue la ganadora. El 20 de septiembre José Gabriel Amín Manzur, en su condición de Gobernador suscribió con Aníbal Janna Arabia, gerente de Inversiones Córdoba Ltda, el contrato que denominaron de concesión, cuyo objeto se precisó en los términos autorizados por la Ordenanza, a un término de 20 años.

Colombia es un país capitalista, donde la libre empresa es permitida; por esta razón nada de extraño tenía lo que se estaba haciendo, si no fuera por la forma como fue redactada la Ordenanza, que autorizó celebrar el contrato, que, dados su naturaleza y objeto, no podía celebrarse sino por licitación pública. Se hizo por adjudicación privada.

Además, un artículo del contrato, al parecer, entregaba el monopolio de los licores a un particular. Esto no era más que quitarle esta potestad al Departamento y entregársela a particulares, hecho prohibido por la ley. De todas maneras todo estaba saliendo conforme con lo planeado.

Para la época de los hechos la contratación administrativa se regía por el Decreto 222 de 1983 y por el código de rentas que adoptara cada departamento.

Empiezan los ‘tragos’…

La oficina Jurídica de la gobernación redactó una minuta del posible contrato; es aquí donde existen opiniones enfrentadas en el sentido de que el documento que se suscribió el 20 de septiembre, entre la empresa concesionaria y la administración, no fue el elaborado en la dependencia legal de la gobernación, sino uno que presentó el representante legal de la firma ganadora desde Barranquilla.

Lo cierto es que en la Contraloría Departamental, meses después, en una inspección judicial, se encontró otro contrato con las firmas de las partes, diferente al inicialmente suscrito, donde sí se prevé que el contratista deberá pagar los impuestos para validez de dicho contrato. Pero el que se firmó, en su cláusula 18 decía “por ser especial, y donde todo el beneficio lo recibe el Departamento a partir del 1 de enero del año 1990, está libre del pago de los impuestos departamentales para su legalización”. El contralor de entonces era Geovany Espitia Padilla.

El contrato generó una gran controversia en Córdoba en el sentido de que la introducción de licores de otras secciones era un monopolio exclusivo del Departamento y de si el contrato era legal o no.

A pesar de las discrepancias en lo que a interpretación jurídica se refiere, el contrato se empezó a ejecutar el 20 de marzo de 1991; debían iniciar en septiembre de 1990 pero los contratistas pidieron una prórroga que les fue conce¬dida.

Pero ya el 10 de octubre de 1990, Amaury García Burgos (q.e.p.d.), Alfonso de la Espriella Espinosa y Salomón Náder Náder habían denunciado ante la Procuraduría General de la Nación las presuntas irregularidades cometidas en el mencionado contrato. El 1 de noviembre de 1990 Néstor Castillo Varilla y Jaime Burgos Martínez, a nombre de la fundación ‘Casa de Córdoba’, demandaron la Ordenanza 01 de 1989 que le dio vida al contrato y pidieron al Tribunal Administrativo de Córdoba decretar la nulidad de lo actuado. Por medio de otro escrito, la mencionada fundación solicitó al Tribunal la suspensión provisional de la Ordenanza 01, a lo que accedió la corporación por auto de 25 de febrero de 1991; pero dicha providencia fue recurrida por el entonces gobernador Jorge Ramón Elías Náder. Por su parte, el fiscal 1º del Tribunal Contencioso Administrativo, Eduardo Pineda Pineda, por orden de la viceprocuradora, mediante oficio VP-0357 de 26 de febrero de 1991, solicitó la nulidad del contrato en mención.

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El 22 de abril de 1991, el gobernador Jorge Ramón Elías Náder, citó al representante legal de Inversiones Córdoba, Raúl Haddad Louis; también asistió el secretario de Hacienda, Edelberto de la Ossa Chávez. La reunión tuvo como finalidad la interpretación unilateral que hacía el mandatario de las cláusulas 1ª, 4ª y 6ª del contrato, de acuerdo con las atribuciones que le permitía el Decreto 222 de 1983 (contratación).

Respecto de la cláusula 1ª el gobernador expresó que ésta “no creo ningún privilegio a favor del contratista, simplemente el contratista asume la administración total de la producción, introducción y venta de licores destilados, vinos espumosos (…)”, así quedó en el Acta 01 del 22 de abril de 1991. Más adelante dice que la “explotación del monopolio que por Ley pertenece al Departamento y del cual no puede desprenderse”.

En relación con la cláusula 4ª, afirma Elías Náder que la renta a la cual se refiere es un gravamen a cargo del contratista, por cuanto el monopolio continúa perteneciendo al Departamento por disposición constitucional y legal. Y con respecto a la interpretación de la 6ª, indica que el Departamento no se puede obligar a prohibir la introducción, distribución y venta de licores destilados y fabricados en otros departamentos. Considera la cláusula 6ª como una obligación desmesurada para Córdoba, por lo cual propone que “la introducción y venta de licores destilados, producidos por otros departamentos sea regulada conforme lo dispone la Ley”. El contratista se mostró en acuerdo con esta interpretación unilateral.

Al día siguiente, 23 de abril de 1991, mediante la Resolución 000694 se declaró la interpretación unilateral. Con esta acción Elías Náder retiraba una cláusula que era ilegal en el contrato en lo referente al monopolio de los licores, que debía ser exclusivo del Departamento. Era el inicio de una serie de correcciones al tan sonado contrato.

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El contrato se siguió ejecutando mientras se esperaba el fallo por la demanda interpuesto por los representantes de la fundación ‘Casa Córdoba’.

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La primera elección de gobernador

Antes de la primera elección de gobernadores, aprobada por la Asamblea Constituyente de 1991. Ninguno de los mandatarios nombrados desde Bogotá, con excepción de Elías Náder, se atrevió a pronunciarse sobre el contrato de los licores. Para los gobernadores que siguieron, este tema era un ‘ñame’ bien caliente. Sólo meses antes de los co¬micios un senador lo haría. Las elecciones fueron programadas para 27 de octubre de 1991.

Jorge Manzur Jattin era uno de los aspirantes a la gobernación de Córdoba junto a Rodrigo García Caicedo y Jaime Torralvo Suárez. Manzur Jattin venía de ser Representante a la Cámara por el partido liberal, pero su mandato fue revocado por la Constituyente y decidió aspirar a la gober¬nación. Salió elegido en unas controvertidas elecciones. Contó con el respaldo de los votos conservadores del grupo de Amaury García Burgos.

Pero el respaldo de García Burgos a la campaña de Manzur estuvo condicionado a que el aspirante se comprometiera a solicitar la revisión del contrato de los licores –Departamento / Inversiones Córdoba– y, si era del caso, solicitar la nulidad. A Manzur Jattin lo respaldaron, además, Francisco José Jattin, los Elías Náder y Julio Manzur Abdala, este último también conservador. La adhesión de García Burgos fue determinante para el triunfo de Jorge Manzur. Antes de ser elegido como gobernador ya tenía el primer compromiso. Los socios de la empresa licorera estaban atentos y presumían que todo iba a seguir según lo pactado. Pero el primer impasse se presenta cuando se está organizando el gabinete departamental en una tropical cabaña frente al majestuoso embrujo del mar Caribe, en Coveñas. El grupo político de Elías Náder propuso como secretario de Hacienda a Jorge de Arco, pero fue vetado de inmediato por García Burgos. Este último consideraba que el hecho de haber sido el ponente de la Ordenanza 01 era un impedimento para desempeñar la secretaría de Hacienda y postuló a Alfredo Anaya Narváez, quien mantenía informado al congresista de todo lo que pasaba con el contrato de los licores.

A la única posesión que asistió el candidato presidencial Ernesto Samper Pizano fue a la de Manzur Jattin, el 2 de enero de 1992.

Se presagiaba que el nuevo mandatario originaría un verdadero cambio en la administración. Y así parecía ser. Muchas cosas cambiaron en el Palacio Naín. Amigos y enemigos políticos reconocían las virtudes administrativas del nuevo gobernador y su inteligencia. Pero meses más tarde los cordobeses conocerían que las “virtudes” del nuevo gobernante no solo eran aplicadas por él para imponer un eficaz estilo de gobierno, sino también para su provecho.

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El 10 de marzo de 1992 Amaury García Burgos, Alfonso de la Espriella Espinosa y Salomón Náder Náder le enviaron un memorial a Jorge Manzur Jattin, en donde, en 14 puntos, le explicaban los motivos por los cuales debía impedir que siguiera ejecutándose el contrato de los licores.

Además, en el 6º punto le informaban al gobernador de que Inversiones Córdoba Ltda. “no ha pagado hasta el momento (10 de marzo de 1992) el impuesto de timbre nacional que le corresponde al contrato de ‘concesión’ (…)”.

El gobernador no disimuló su molestia por el envío del memorial, pero cumplió con la promesa que le había hecho en campaña a García Burgos y pidió a la Oficina Jurídica del Ministerio de Gobierno, hoy del Interior, –para ese entonces el titular de la cartera era Horacio Serpa Uribe–, un concepto sobre la legalidad del contrato. Los abogados de la dependencia le contestaron que existían vicios en la manera en que se pactó el pago de las regalías y de los impuestos al consumo. Afirmaban que una cosa era el pago de las regalías o la renta, y otra el pago del impuesto al consumo por vender el licor producido.

En septiembre de 1992 Jorge Manzur se enfrentó a Inversiones Córdoba, que venía pagando las regalías pactadas en el contrato, pero considerando que allí iba incluido el   impuesto al consumo de Distribuidora del Sinú, empresa socia de la contratista, que distribuía en ese entonces los licores de la Fábrica de Licores de Antioquia, FLA; y los de Jorge Gánem & Cia, que era el encargado de comercializar las bebidas de la Industria Licorera de Caldas. El gobernador los conminó a pagar todo por separado. Esto ocasionó un enfrentamiento de grandes proporciones. Además, se estaba acercando el final del contrato de distribución de los licores de la FLA. El panorama para Manzur y otras personas implicadas en este tema se estaba tornando oscuro y peligroso. Aunque el Gobernador jamás se imaginó que terminaría su período antes de lo establecido por la ley –tres años–, el 18 de enero de 1994, 11 meses antes de finalizar, fue destituido.

Dame un chance…

Mientras el gobernador Manzur se alistaba para renovar el convenio interdepartamental entre Antioquia y Córdoba, que iba a permitir la apertura de una nueva licitación que escogería al distribuidor de los productos de la FLA en nuestro departamento, en la Lotería de Córdoba –el 20 de octubre de 1992– la Junta Directiva, integrada por: Jorge Manzur Jattin (gobernador), Orvie Oyola Ordosgoitia (contralor departamental), Guillermo Lengua (director de los servicios de salud), Balmiro Sobrino Oliveros (delegado de la Asamblea departamental), Jaime Pineda (gerente de la Lotería), Julio Elías Náder (subgerente administrativo Lotería), Miguel de la Espriella Espinosa (secretario de la Junta) y Luis Fragoso Pupo (director del Fondo de Prestaciones Sociales), autorizó la apertura de la licitación pública para la concesión del juego de Apuestas Permanentes denominado ‘chance’.

El 09 de noviembre de 1992, mediante Resolución Nº 0994, el gerente de la Lotería declaró abierta la licitación pública Nº 001 “para adjudicar, a través de Contrato de Concesión, la explotación del monopolio del Juego de Apuestas Permanentes ‘chance’ en el departamento de Córdoba”. Se señaló que entre el 29 de noviembre y el 11 de diciembre se debían presentar las propuestas. Se presentaron: Apuestas de Córdoba Ltda., Silvia Vergara de Jassir, en repre¬sentación de Apuestas Bolívar; y Gregorio Becerra Vera y Pedro Ghisays Chadid.

Como consta en documentos oficiales el Comité de Adjudicación recomendó a la firma Apuestas de Córdoba Ltda., pero la Junta de la Lotería de Córdoba, presidida por el Gobernador, en sesión del 12 de diciembre de 1992, por iniciativa del mandatario procedió a modificar el orden del día que había sido previamente aprobado, en donde se contemplaba como punto 10 a tratar, el tema de la “Licitación del chance”. En consecuencia, la Junta se ocupó de estudiar primero el asunto de la licitación del juego de apuestas permanentes.

Según consta en el acta, Manzur Jattin expresó: “Se hace necesario que las propuestas se adecuen a los pliegos de las condiciones, vemos que las presentadas no se ciñen a lo exigido en éstos, ya que están contraviniendo el numeral 10, inciso 10.6 del Pliego de Condiciones que vendió la Lotería de Córdoba y a su vez el Decreto 222 de 1983. Ante este hecho se propone por los miembros de la Junta Directiva declarar desierta la licitación”. Los argumentos del  mandatario fueron que las propuestas no se adecuaban a los pliegos de condiciones ni a la ley. En consecuencia,             los miembros de la Junta la declararon desierta. El 22 de diciembre de 1992 el Gerente de la entidad expidió la Re-solución Nº 001173 mediante la cual declaró desierta la licitación.

“El Gobernador directamente no decide la adjudicación de los contratos en la Lotería del Departamento de Córdoba; lo cierto del caso es que, siendo presidente de la Junta Directiva y nominador del gerente de la entidad (también de otros miembros), ejerce influencia determinante en las decisiones que a ese respecto tomen los demás integrantes”, sentenció en su providencia el magistrado Fernando Arboleda Ripoll.

La determinación de la Junta, por sugerencia del Gobernador, llevó a abrir una nueva licitación con el mismo propósito, mediante Resolución Nº 0056 del 15 de enero de 1993.

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La nueva convocatoria establecía como fecha de apertura el 4 de febrero y de cierre el 17 del mismo mes. Se presentaron las empresas Apuestas de Córdoba Ltda., Silvia Vergara de Jassir y Apuestas Tropicana. Mediante Resolución Nº 00298 del 9 de marzo de 1993, el Gerente de la Lotería resolvió adjudicar la Licitación Pública Nº 002 de 1993 para la explotación del Juego de Apuestas Permanentes, chance, en el Departamento a la firma Apuestas de Córdoba Ltda.

En ese momento se dio un cambio en la Lotería de Córdoba y llegó a la gerencia Ramiro Vergara Támara, quien fue el encargado de suscribir el contrato de adjudicación entre la Lotería y Apuestas de Córdoba, el 1 de abril de 1993. Veintiséis días después Jorge Manzur Jattin pisaría por última vez la casa de Pedro Ghisays Chadid, y comenzaría una pelea que terminaría con la destitución del Gobernador, pero muchos consideran que el último asalto de este pleito aún no ha llegado.

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Apuestas de Córdoba tiene como socio mayoritario a un personaje que no tiene punto medio de aprecio, ya que por unos (son más, unas) es querido con pasión, pero odiado hasta la muerte por otros: Pedro Ghisays Chadid.

Ghisays es un controvertido comerciante de Montería que inició sus negocios a temprana edad, luego de heredar de su padre, Luis Ghisays Figueroa, una gran fortuna. Sus empleados lo describen como un generoso patrón. Amigos y enemigos lo consideran un tigre para los negocios. Fue distribuidor de jabones, pilas y licor. Con el pasar de los tiempos llegó a conformar una sociedad que hoy en día maneja el chance, una de las empresas que más genera empleo en el Departamento. ‘Pello’ como lo llaman sus allegados genera posiciones extremas: es exageradamente odiado y amado. Son muchas las peleas que ha cazado con funcionarios públicos: hasta ahora no ha perdido la   primera. Propios y extraños lo conocen como “un tipo sin agüero”.

Cuando al frente de su empresa de chance se hacen largas filas de personas que ganaron con el juego, es común escuchar en las calles de Montería:

–“¿ey vite la cipote fila que hay de gente cobrando chance?
–No.
–No joda, qué bien, que le hayan dado duro a ‘Pello’ Ghisays”.

Además, son famosas sus “sesiones” de ‘Rumy’, juego de cartas que se inicia de lunes a viernes a las 10 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Allí llegan sus amigos, entre los que se destacan Moisés Elías Náder, a quien conocen como ‘Musa’, que representó un papel determinante en el combate Manzur vs Ghisays.

“Bueno, Pedro, cómo vamos hacer para…”

El martes 27 de abril de 1993, a las 12:20 de la tarde salió Jorge Manzur de su despacho para la casa de su amigo Pedro Ghisays, luego de regresar en helicóptero de Sahagún, donde asistió al entierro del padre de un amigo; no quería dejarlo esperando como lo había hecho el sábado pasado, cuando estaba invitado a almorzar donde ‘Pello’, pero inconvenientes de última hora no le permitieron asistir. La pequeña grabadora, con el novedoso sistema de V.O.R, que activa la grabación con el sonido de la voz, se quedó esperando a quien iba a ser su principal usuario.

Manzur Jattin tomó por la vía que lleva a La Pradera y al llegar al colegio La Salle dobló para Pasatiempo hasta llegar a la casa de su anfitrión. Allí lo esperaba con su plato favorito: Gallina criolla guisada en zumo de coco y arroz con coco, una delicia de la región, propia para la ocasión.

***

Personas allegadas reconocen que entre Ghisays y Manzur existía una excelente amistad; el primero afirma que el      gobernador almorzó muchas veces en su residencia.         Además, “coloqué a mi gente del chance a trabajar por él, todos votamos por su nombre y ayudamos a elegirlo”.

Después de las elecciones la amistad continuó, pero se empezó a deteriorar cuando se inició la primera licitación para la adjudicación del chance. Pedro Ghisays se esmeró por presentar una buena propuesta y no creyó que debía preocuparse por otra cosa. Pero sí hizo el ‘lobby’ “que lo hace cualquiera para mantener unas buenas relaciones con los que convocan la licitación”.

Días después de cerrada la convocatoria, Orvie Oyola, secretario de Hacienda, llamó a Pedro Ghisays y le dijo: “Te la va a declarar desierta”. Y así sucedió. Esta determinación obligó al proponente a buscar un encuentro con el mandatario, que se dio a las pocas horas de tomada la decisión. “¿Por qué me la declaraste desierta, si mi propuesta era la mejor?”, le preguntó Ghisays.

“Manzur –comenta Ghisays Chadid– era un tipo raro. Había veces, cuando estaba sosegado, era todo un señor, pero cuando estaba… cómo te podría decir… bueno no sé si era la dieta que llevaba o la medicina que a veces consumía que lo ponía neurasténico e intratable. Ese día cuando lo interrogué por la licitación me gritó: Porque no me has dado nada”.

El empresario del chance creyó que por el hecho de haber ayudado en la campaña a elegir al gobernador no necesitaba pagar por la adjudicación. Por lo cual le contestó: “No me habías dicho nada, ¿Cuánto quieres?”.

“Acordamos –recuerda– 50 millones para entregárselos días después. Pero horas más tarde me llamó y me dijo que eso era muy poco por tres años”. Le contesté: “tres no, son dos y uno de prórroga, porque cuando se cumpla el último tú ya no serás gobernador. Él me gritó que no me preocupara que él se encargaría de prorrogarlo antes de terminar su período. Acordamos 35 millones de pesos por año, 105 millones por los tres”.

Semanas después la adjudicación favoreció a Apuestas de Córdoba, pero los pagos no se habían acordado. El Go¬bernador tenía la facultad de declarar la caducidad del contrato; por ejemplo, tres sanciones al chance eran motivo suficiente para decretar la finalización unilateral del mismo, por parte del Departamento.

Un amigo muy allegado al gobernador se presentó donde Ghisays y le advirtió las intenciones de Manzur de quitarle el chance. En ese momento el empresario decidió grabar al mandatario.

Ghisays era socio de un almacén de electrodomésticos. Llamó al administrador y le encargó una grabadora pequeña. “Necesito que sea lo último, lo más moderno, que sea la ‘putería’; que grabe hasta los pensamientos”. Así fue. Bueno, no en lo referente a la última recomendación, pero sí era una grabadora pequeña que contaba con el moderno sistema VOR, que consiste en que la tecla ‘record’ se activa con el sonido de la voz.

Quienes conocen a Ghisays, saben que fue una suerte que activara correctamente la grabadora, ya que a él no le gusta manipular ni sabe manejar aparatos electrónicos y modernos, con excepción del control remoto del televisor y el encendido del carro. Por esa razón ubicó la grabadora en un mueble que sirve de biblioteca, dentro de un carriel y encima le colocó un sombrero ‘vueltiao’; al frente del mueble estaban dos cómodas mecedoras.

Cuando Jorge Manzur llegó a la casa de su anfitrión los perros comenzaron a ladrar; Ghisays se dirigió a su alcoba y activó las teclas que tantas veces le repitieron que debía oprimir; luego salió a esperar a su ‘amigo’.

Después del suculento guiso de gallina, adobado con zumo de coco y acompañado con arroz con coco, Pedro invitó a Jorge para su cuarto; allí, con una agradable temperatura, 15º, que contrastaba con el sofocante calor propio del medio día en Montería se inició la esperada conversación, que giró en torno a la ‘mordida’ por la adjudicación del chance.

Ghisays le tenía 20 millones de pesos en billetes de dos mil, pero Manzur no aceptó llevarse esa cantidad de dinero en la mano, más bien le pidió un cheque, que fuera girado a nombre de Pedro Ghisays y endosado por el mismo. Este último le pidió un día para consignar la plata y que el título tuviese fondos. Le entregó tres cheques. El arreglo había sido de 35 millones cada año.

***

Luego del acuerdo Manzur se despidió y salió para la oficina convencido de que ya “tenía por las pelotas” a Pedro Ghisays… al menos, eso creía.

Mientras que Manzur pensaba esto, Ghisays cogió con manos temblorosas, –no se sabe si por la emoción o por el miedo–, la grabadora y comenzó a manipularla. Oprimió la tecla ‘play’ y no sonaba nada, “mierda la embarré, me jodió este hijueputa”, atinó a decir. Luego de mover varios botones comenzó a escuchar la atronadora voz de Manzur cuando le decía “me das un cheque…” Ghisays se exaltó, soltó una carcajada y exclamó: “Te jodí, Manzur”. Apagó el aparato y lo guardó en su caja fuerte, no sacó el casete de la grabadora; creía, de la emoción, que si lo sacaba se borraba.

Días después el gobernador llamó a Ghisays y le manifestó que le iba a devolver la plata porque le parecía muy poco, que más bien le proponía un negocio mejor, que consistía en hacerse socio del 30% de las utilidades del chance y de nombrar el fiscal de la empresa de apuestas. El otro quedó asombrado con la propuesta. A los pocos minutos una fuente que tenía Ghisays en la gobernación lo llamó y le dijo que el mandatario le pidió a unos funcionarios de la Lotería que multaran tres veces al chance para decretar la caducidad del contrato. El ‘chancero’ decidió que ya era hora de ir, urgente, a su casa y sacar, de la caja fuerte, la grabadora.
También llamó a su amigo Moisés Elías Náder, ‘Musa’. Este último estaba más actualizado en lo que a tecnología se refiere; lo primero que hizo fue reproducir 10 veces la cinta.

En la primera semana de mayo de 1993, Moisés Elías Náder salió para su oficina ubicada en el kilómetro 7 en la vía que de Montería conduce a Cereté, donde funcionaba Inversiones Córdoba. Ese día, a diferencia de otros, no iba escuchan¬do en su carro a Juan Gossaín con las noticias na¬cionales, sino una conversación entre dos personas que conocía muy bien: Pedro Ghisays y Jorge Manzur. Era la catorceava vez que la escuchaba, y se sonreía de satisfacción igual número de veces; no podía creer que Manzur hubiese dado tan tremendo ‘papayazo’. Llegó al parqueadero de su oficina, sacó el casete y lo guardó en el bolsillo de la camisa. Ese día saludó muy sonriente a sus colaboradores y le solicitó a su secretaria que lo comunicara de inmediato con Carlos Díaz Carrascal, Secretario general de la gobernación.

Díaz Carrascal era el hombre de confianza y ‘perro de presa’ de Manzur. Apenas escuchó lo que Náder tenía entre manos se fue al instante para Inversiones Córdoba. Allí subió al carro del empresario y escuchó todo lo que dijo Manzur cuando transaba por 70 millones de pesos la adjudicación del chance.

El secretario se reunió con el Gobernador y le contó su encuentro con ‘Musa’ Elías. Manzur le manifestó que todo era un montaje en represalia contra él por las medidas adoptadas por la administración para cobrar las deudas que los chanceros tenían con las loterías, así como por el cobro del impuesto por consumo de licores a Inversiones Córdoba.

Díaz declaró que Elías Náder le manifestó su intención de denunciar penalmente al Gobernador si no modificaba la posición de la administración hacia el contrato de licores, en lo que respecta a la introducción, distribución y ventas en el Departamento. “O me arreglan lo de los licores o el gobernador se va denunciado”, afirmó el secretario haberle escuchado a ‘Musa’. Días después, Díaz Carrascal se reunió con Pedro Ghisays, –esta vez fue acompañado de ‘Ramoncito’ Martínez, Tesorero Departamental–, y discutieron los términos para aclarar las diferencias. Ghisays propuso que Manzur se quedara con 100 millones por los dos años y que no lo molestara más. Los emisarios le consultaron si iba a denunciar lo sucedido y le rogaron que no siguiera dando más declaraciones sobre los hechos a los medios de comunicación.

A las pocas horas de celebrarse la mencionada reunión Manzur llamó por teléfono a Ghisays; este último recuerda los términos de la conversación: “–Mira, hijueputa, que me grabaste y me vas a denunciar. Si quieres nos vemos mañana en el aeropuerto y te acompaño a Bogotá para que me denuncies, malparido. Te voy a decretar la caducidad del chance. –Mira hijueputa me quitas el chance y te denuncio”. Se cortó la comunicación. En ese momento se acababa de iniciar una pelea de muchos asaltos, que aún continúa.

Los que conocen al empresario de apuestas saben que cuando Ghisays caza una pelea la lleva hasta el final así resulte derrotado. Ya la cabida para los intermediarios o padrinos se había acabado. Fue en este momento cuando se comunicó con Jorge Ramón Elías Náder, senador liberal, y hermano de ‘Musa’ Elías; le contó lo sucedido y su deseo de denunciar al gobernador, deseo al cual el congresista no opuso mucha resistencia. A los pocos minutos ‘Joche’ Elías llamó a Ghisays y le dijo que debía viajar a Bogotá a entrevistarse con el Fiscal General de la Nación, Gustavo de Greiff. Al día siguiente salió para Bogotá con el denuncio, una copia del cheque y otra del casete. Era 7 de julio de 1992.

En la Fiscalía lo recibió el vicefiscal Francisco José Cintura Varela, quien se hizo acompañar de otro funcionario judicial, para escuchar el relato. Ghisays contó, que una vez “reanudado el proceso (…) con la apertura de la licitación 002 de enero 15 de 1993, arreciaron las amenazas del Gobernador Jorge Manzur Jattin mediante presiones consistentes en demandar el pago de 100 millones de pesos para adjudicar a Apuestas de Córdoba la concesión objeto de la licitación, y amenaza con adjudicarla a otra persona en caso de nuevo rechazo y a sabiendas de que la propuesta de la empresa también, esta vez, era la mejor”.

“Volvimos a reunirnos –siguió el denunciante– y esta vez ‘rebajó’ su pedido. No encontraba otra salida posible que complacer las pretensiones del Gobernador. Acepté pagar pero con la intención de denunciar los hechos dolosos de que yo y la empresa éramos víctimas. Pensé en lo difícil que sería para mí probar los hechos y entonces se me ocurrió citarlo a mi residencia para cerrar el negocio y aprovechar esa oportunidad para grabar las conversaciones. Convinimos la cita. Cuando él llegó a mi residencia ya tenía preparada y oculta la grabadora. Lo acontecido en mi casa quedó grabado en el casete que acompaño y de cuyo contenido textual adjunto una copia”. Sacó el cheque, la cinta y se las entregó al vicefiscal. Cintura sacó una grabadora de su escritorio y comenzó a escuchar; a los pocos segundos le dio un manotazo al escritorio y exclamó: “Lo meto preso”. El otro funcionario le aclaró: “Pero tiene fuero”.

A los pocos minutos Pedro Ghisays estaba en el carro oficial del vicefiscal, acompañado por los escoltas de éste, rumbo a las dependencias del Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, para una ampliación del denuncio. Cintura declaró que se procedió así “para preservar la prueba que le acompañaba”. A Ghisays lo asustó todo el despliegue que se hizo para llevarlo; nunca en su vida se había montado a un carro blindado y con teléfono celular. De tanto mirarlo, el funcionario que lo acompañó le preguntó que si quería hacer una llamada; él respondió que no; le daba miedo que le fuera a pasar algo por coger ese extraño aparato. Tenía todos los síntomas de un ‘corroncho’ cuando lo llevan por primera vez a una gran ciudad. Era el 8 de julio de 1992.

Luego de la declaración todo Montería sabía que ‘Pello’ Ghisays acababa de denunciar al gobernador. Allí se comenzaron a alinear los bandos: los ‘manzuristas’ vs. los ‘ghisayistas’.

Minutos después de producida la denuncia todos los medios de comunicación la conocían y en los casilleros de los congresistas apareció, como por arte de magia, una copia del casete que contenía la conversación entre Ghisays y Manzur.

Por otra parte, la diligencia de indagatoria de Jorge Manzur, que nombró como abogado defensor al jurista Antonio José Cancino Moreno, estuvo plagada de irregularidades, según el apoderado del denunciado, ya que fue filmada y las luces ocasionaban molestias a Manzur. También asistieron más de diez personas y “a los cinco minutos de terminada, todo Córdoba sabía su contenido”, dijo Cancino.

Manzur Jattin argumentó que todo se debía a un montaje ya que el contrato del chance se había firmado el 1 de abril de 1993 y la grabación se realizó el 27 de abril del mismo año. Pero la Corte consideró que “aunque la segunda licitación ya había sido aprobada en su favor (Pedro Ghisays), el mandatario seccional podía intervenir para que se declarara la caducidad del contrato ya firmado y en proceso de perfeccionamiento, si no se cumplía lo que se le había prometido dar a consecuencia (sic) de su solicitud. Esta última circunstancia, además, explica plenamente el tiempo que transcurrió entre la realización de los hechos y la presentación de la denuncia”.

Manzur agregó que desde octubre de 1992 comenzó a cobrarles a los dueños de Inversiones Córdoba, que eran también los dueños de Apuestas de Córdoba, la suma que le adeudaban al Departamento, por concepto de la renta mensual que debían cancelar, deuda que ascendía aproximadamente a 400 millones de pesos mensuales.

Si la grabación se hizo el 27 de abril por qué se esperó hasta el 8 de julio para denunciarlo. La respuesta parece estar en que para esa fecha Manzur Jattin cumplía la mitad de su período como gobernador y si un mandatario es separado del cargo luego de ese tiempo para el cual había sido elegido, no se realizan nuevas elecciones sino que se procede por decreto a nombrar su reemplazo. Eso fue lo que sucedió. Manzur Jattin consideró que se procedió así porque “‘Joche’ Elías, que era el presidente del Senado, había presionado la denuncia y quería intervenir en el nombramiento de su reemplazo”.

Esa fue otra pelea al interior de la Casa de Nariño, entre Francisco José Jattin –jefe político de Manzur– y Jorge Ramón Elías Náder (respaldó a Manzur en su elección), que manejó el presidente César Gaviria. Nombró a un candidato del movimiento del primero, Javier Jiménez Amín.

Aunque para muchos cordobeses este enfrentamiento se dio por los licores, la Corte Suprema de Justicia consideró lo contrario: que si bien existe en el Departamento una deuda por concepto de los licores, otra cosa es la conducta del Gobernador.

Así lo dejó claro el magistrado Arboleda cuando dijo “lo que aquí se refleja, es que, en aras de su defensa, el doctor Manzur se preocupó más por hacer creer que estaba siendo víctima de un montaje, que por explicar su conducta. Nótese que en sus distintas intervenciones ninguna justi¬ficación válida brindó sobre los motivos de las sucesivas visitas a la casa del denunciante, ni del porqué de los diálogos sostenidos con éste, cuya grabación no niega; tampoco aclaró suficientemente las razones por las cuales hizo las reiteradas referencias a esa negociación con Ghisays en los diálogos telefónicos que sostuvo con el Secretario de la Gobernación”.

El 22 de octubre de 1996 Jorge Manzur Jattin fue condenado a 48 meses de prisión, como autor y penalmente responsable del delito de concusión.

La pelea no paró allí. Había unos nuevos contrincantes, los Elías Náder. Años después Jorge Manzur, acogiéndose a la figura de colaboración eficaz aportó pruebas que com-prometían a Jorge Ramón Elías Náder en el delito de enriquecimiento ilícito, por el cual fue condenado. Luego buscó pruebas para que se juzgara a Ghisays y a Moisés Elías por el mismo delito pero sin resultado.

Continúa la resaca…

En agosto de 1992 se produjo un agrio cruce de cartas entre el Gobernador Manzur Jattin y el gerente de Inversiones Córdoba, Moisés Elías Náder, en donde cada una de las partes interpretaba a su manera el contrato y la Ley.

Manzur, en vista de la modificación que se le hizo a la cláusula séptima del contrato, que ahora permitía la introducción de otros licores al Departamento, pero con el monopolio de Córdoba, renovó el convenio interdepartamental con Antioquia para la introducción, comercialización y venta de los licores de la FLA en nuestro territorio. El gobernador de este último departamento era Juan Gómez Martínez.

El 30 de octubre de 1992 se cierra la Licitación Pública Nacional No. 016-92. Se presentaron cinco proponentes:

– Luis Ernesto Garcés Soto.
– Distribuidora del Sinú Ltda..
– John Restrepo A. y Compañía Ltda..
– Óscar Villegas S. Y Compañía S. en C.
– Casamora Ltda.

Ganó la firma John Restrepo, lo que ocasionó la ira de muchas personas, entre otras, la de Manzur Jattin que esperaba que la licitación se la adjudicaran a dos firmas, propuesta que fue rechazada categóricamente por el mandatario antioqueño, por considerarla lesiva para los intereses de la FLA. A raíz de todas estas diferencias el contrato solo pudo suscribirse en febrero de 1993 y comenzó a ejecutarse a principios de mayo de 1993. Era tal la pelea que existía por esta adjudicación que la escogencia de John Restrepo repercutió en varios sectores de la sociedad, entre ellos, el club Campestre. El 23 de noviembre de 1993 la firma John Restrepo solicitó ser socia de dicha entidad; fue presentada por los socios Marcos Pineda Cabrales, Marcos Hayk, Sergio Aruachán, Alfonso Martínez Escobar y Otto García, prestantes ciudadanos de Montería. Un día antes de reunirse la Junta Directiva del club, una persona allegada a los miembros llamó a Jaime Betancur, gerente de la firma licorera, y le manifestó que sería conveniente que retirara la solicitud porque se la iban a negar por el caso de los licores. El señor John Restrepo se enteró de la situación y no permitió que se declinara la petición argumentando que él es un señor honesto, que paga los impuestos y que no es ningún delincuente. Pero tales consideraciones no importaron. En enero de 1993 les notificaron que no fueron aceptados como socios. La carta estaba firmada por el gerente del club, Jesús Eduardo Manzur Jattin, hermano del entonces Gobernador de Córdoba. El presidente de la Junta era Ernesto López, hijo de Jesús María López Gómez, socio de una de las empresas proponentes que perdió la licitación. Desde esa fecha ningún ejecutivo de la mencionada firma pisa el club Campestre de Montería.

***

Por otra parte, el contrato entre Inversiones Córdoba y el Departamento se siguió ejecutando, a pesar de las constantes interpretaciones que hacían las partes. En 1993 siguieron los enfrentamientos, pero el tema fue opacado por la situación de incertidumbre que vivía el gobernador Manzur por el caso del chance.

Otro suceso agravó el caso de los licores, cuando el 4 de marzo de 1993, en la vereda El Charco, en jurisdicción del municipio de San Carlos, en el kilómetro 34 de la vía que de Montería conduce a Planeta Rica fue asesinado, de cuatro disparos en la cabeza, el ex senador Amaury García Burgos, junto a su conductor. Para muchos ciudadanos su muerte “tuvo un fuerte tufillo a licor”.

Lo cierto es que los móviles y los autores intelectuales de estas dos muertes están en el más oscuro de los misterios.

Desde allí nadie habla de los licores en Córdoba; lo que se escucha es a puerta cerrada y con la condición: “Pero yo no he dicho nada, a mí me contaron”. Pero esta máxima no la pudo sostener la justicia y el 5 de febrero de 1994, un mes antes de cumplirse un año del asesinato del ex congresista, el Tribunal Administrativo de Córdoba declaró la nulidad absoluta de la Ordenanza No. 01 del 12 de junio de 1989. También declaró la misma medida para el Decreto No. 000667 de julio 13 de 1989, por medio del cual se reglamentaba la Ordenanza. Las Resoluciones No. 001556, 001668 y la 001804 de julio 27, agosto 15 y septiembre 18 de 1989, fueron decretadas nulas. Aquí salvó su voto el         ‘eminente’ magistrado Virgilio Muñoz P. La providencia fue recurrida.

El 31 de enero de 1997, con ponencia del magistrado Daniel Suárez Hernández, el Consejo de Estado confirmó la sentencia apelada, esto es, la proferida por el Tribunal         Administrativo de Córdoba el 28 de noviembre de 1994. Revocó los numerales segundo y tercero. Pero “ordena a la sociedad Inversiones Córdoba Ltda., transferir a favor del departamento de Córdoba, todos los bienes destinados a la ejecución del contrato. A su vez el departamento de Córdoba pagará a la sociedad Inversiones Córdoba el valor de esos bienes en la cuantía que se determine en incidente posterior, previa la presentación de la respectiva escritura pública debidamente registrada y el correspondiente certi¬ficado del Registrador de Instrumentos Públicos de Mon¬tería”.

Por su parte la Fiscalía General de la Nación, precluyó a favor de José Gabriel Amín Manzur, “al demostrársele que la conducta por éste realizada es atípica”.

Ninguna persona fue encontrada responsable por la jus¬ticia.

La empresa Araujo & Segovia realizó el avalúo del lote y de las instalaciones de Inversiones Córdoba. El valor de dicho avalúo es el que el Departamento debe pagarle a dicha sociedad. Por su parte, ésta debe cancelarle a Córdoba, a 30 de diciembre de 1997, por concepto de renta e impuesto al consumo la suma de $14.190.230.953oo., según un informe de la Oficina de Estudios Económicos, adscrita a la Secretaría de Hacienda; el documento está firmado por Roger Herazo Castaño, secretario de Hacienda, quien fuera asesinado en Planeta Rica, en confusos hechos que hoy son materia de investigación por parte de la Fiscalía, y Arcelio Oviedo Ordóñez, jefe de la Oficina de Estudios Econó¬micos.

Los pleitos

La primera demanda contra el contrato fue interpuesta por la fundación ‘Casa Córdoba’, donde se pedía la nulidad de la ordenanza. La sentencia en primera instancia consideró que “siendo el derecho al monopolio de la producción de los licores un bien intangible de los departamentos para su arbitrio rentístico, constituye un bien de derecho público. Y al convertirse en objeto del contrato de concesión otorgada a una sociedad particular, se contraviene su naturaleza de derecho público y la prohibición particular del monopolio de particulares, constituyéndose en objeto ilícito del contrato, de donde se origina la nulidad del mismo”.

El consejo de Estado, en sentencia de segunda instancia, confirmó la primera pero por otros motivos. A criterio de un reconocido jurista consultado, los magistrados del máximo tribunal de lo contencioso “sólo entraron a analizar uno de los cargos accesorios menores que se hacen en la demanda contra el contrato. Como era el hecho de haber sido adjudicado en forma directa y no mediante licitación pública, como se requería por razón de la cuantía del contrato”.

También consideró el especialista que el análisis adelantado por el Consejo de Estado constituye “un estudio tangen¬cial, pues sólo analiza un requisito de carácter formal para efectos de la legalidad de los contratos, dejando expósito el estudio detallado que se hace en la sentencia de primera instancia, en la cual se analizan aspectos esenciales para la juridicidad de los contratos”.

Otros profesionales del derecho afirmaron que en ese momento se estaba debatiendo en el Consejo de Estado, la concesión de producir licor a través de unos contratos llamados de dación en administración de las empresas licoreras de Barranquilla y Santa Marta, para que sociedades de particulares explotaran el monopolio de los licores. “Uno de los socios de Inversiones Córdoba hizo parte de unas de las empresas de licores de Barranquilla que participaron en la nueva figura jurídica que se debatía en el Consejo de Estado”, recordó un abogado.

El fallo de segunda instancia ordena el incidente procesal necesario para efectos de la ejecución de la sentencia. Incidente que está a la espera de ser dirimido por el Consejo de Estado. Para resolver este recurso los magistrados del Tribunal Administrativo de Córdoba se declararon impedidos y tuvo que fallar una sala de conjueces.

Este contrato tuvo cuatro demandas. La primera fue la de nulidad de la ordenanza, que fue confirmada por el Consejo de Estado; la segunda, fue la de nulidad del contrato presentada por la Procuraduría Departamental, que fue confirmada en segunda instancia; la tercera, fue presentada por Inversiones Córdoba que consistió en nulidad y restablecimiento del derecho contra la Administración de Impuestos Nacionales, en primera instancia se condenó a la empresa a pagar más de dos mil millones de pesos por concepto de impuesto de timbre, pero el Consejo de Estado revocó la sentencia, pero hubo dos salvamentos de voto que dividieron la sala y un conjuez dirimió la paridad; y la cuarta, también presentada por la empresa licorera y consiste en una demanda contractual y de indemnización contra el Departamento por haber permitido la introducción de los licores de Antioquia a través de la firma John Restrepo & Cía. El demandante alegó que se habían violado sus derechos, pero el Tribunal negó las peticiones y en segunda instancia se ratificó la providencia inicial. Hoy está pendiente de ser dirimido, por el Consejo de Estado, el incidente procesal.

Hasta la fecha existe un total hermetismo sobre el caso de los licores en la Gobernación de Córdoba. Cualquier pregunta dispara una serie de alarmas ubicadas en el tercer piso del Palacio de Naín.

Lo cierto es que los cordobeses nunca han visto las otras bondades por ser excelentes consumidores de licor. Ningún funcionario ni particular niega los miles de millones de pesos que generan los licores para los departamentos y para los empresarios. Lo que sucede es que en Córdoba nunca se sabe cómo se han invertido estos dineros y los que preguntan cuelgan a sus espaldas una lápida.

Los últimos escándalos con respecto a licores se vivieron en 1998 con la empresa distribuidora Camagüey, responsable de comercializar en Córdoba los licores de Caldas. Pero no hubo investigación ni tampoco responsables. Luego siguieron otros de menor envergadura, pero igual de lesivos para las arcas del Departamento.

En el 2002 debe abrirse una nueva licitación para la distribución de los productos de la Fábrica de Licores de Antio¬quia. Ya el tablero de los licores es conocido por todos; los proponentes no van a cambiar; de pronto, uno que otro testaferro nuevo. Lo cierto es que desde ya se empezaron a mover las fichas.

Los cordobeses esperan que el gobernador Jesús María López Gómez, conocedor del tema de los licores en Colombia, haga de estos monopolios un negocio rentable para el Departamento y no permita que lo sea solo para las cuentas de los distribuidores.

Enero de 2001

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