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La isla que vendió Torralvo

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Como siempre, nada de particular tenía la reunión del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de los valles del Sinú y del San Jorge, CVS, que se realizó el jueves 20 de noviembre de 1997, desde las 12 del día en el vivero de Mocarí, de no ser por el último punto. El orden del día contenía sólo cuatro: el primero era el consabido llamado a lista y verificación del quórum; a la junta asistieron, en su orden:

–Hernando Ferrucho, delegado del gobernador de Córdoba –en ese entonces Carlos Buelvas Aldana–, quien actuó como presidente del Consejo Directivo.
–Orlando Cuadrado Ramírez, alcalde de Lorica –investi¬gado por la Unidad de Delitos contra la Administración Pública–.
–Luis Alfonso León Pereira, alcalde de Montería –investigado por la Unidad de Delitos contra la Administración Pública–.
–Álvaro Ochoa González, alcalde encargado del municipio de Chinú.
–Efrén Sánchez García, alcalde de Planeta Rica. Dice el acta No. 3 “… quien asistió por Delegación (sic) el Secretario de Gobierno Municipal de ese Municipio” (sic).
–José Nicolás Vélez Cháker, representante del Presidente de la República –en ese entonces Ernesto Samper Pizano–. Ejerció por muchos meses, de hecho, la nueva figura jurídica de cogobernador, hasta esa época, desconocida en Colombia.
–Jorge Guerrero Trujillo, representante de las entidades sin ánimo de lucro. Este señor fue elegido Contralor Departamental para el período 1998-2000. Al parecer su período fue el más pulcro de la historia de la entidad; no encontró ninguna irregularidad en el Departamento, a pesar de las investigaciones que abrió.
–Álvaro Pineda Naranjo, representante del sector privado.
–Jorge Doria Corrales, representante del sector privado. Elegido, en el 2000, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. 

Además, asistió el director general de la CVS, Jaime Torralvo Suárez, quien tenía voz pero no voto en el Consejo. En total, son doce los miembros del Consejo Directivo, pero en esta ocasión sólo asistieron nueve.

El segundo punto contempló la lectura y aprobación del acta anterior; el tercero, lectura y comentarios al Decreto 2555 del 16 de octubre de 1997, que establece la manera como se deben seleccionar los candidatos que aspiren a la dirección de la CVS, único bien del Estado, al parecer, ‘escri¬turado’ desde hace muchos años a un particular. El estudio de la norma fue un simple formalismo. La reelección de Torralvo Suárez estaba ‘amarrada’ desde hacía días y se ‘anudó’ el 3 de diciembre de ese mismo año. El último punto era proposiciones y varios. Este era el más importante para Torralvo y, presuntamente, para otros miembros de la Junta… O tal vez sólo para él, su Secretario General y su Secretario Jurídico.

Mientras paladeaban exquisitas viandas, el Director General de la CVS –quien manejaba la entidad con mano de hierro, trato que ubica a los funcionarios en las épocas de las más oscuras y temibles dictaduras de América Latina, situación que lo llevó a creerse con funciones de Empe¬rador– rinde un informe del cumplimiento de su Plan de Acción que fue aprobado, en otra época, por el Consejo Directivo, para el pe¬ríodo de 1995 a 1997. Cuando la llenura y el exceso de aperitivo escocés reclamaban al organismo un descanso, se presentó el último punto. Al final del Acta No. 3 se lee: “Por último, el Director solicita autorización para la venta de un bien inmueble ubicado en el municipio de Ayapel, denominado ‘Las Palmeras’; el avalúo, por parte del Agustín Codazzi, ya se encuentra en la Secretaría General de la CVS. Esta autorización que fue concedida por todos los miembros del Consejo. Agotado el orden del día, se dio por terminada la reunión”, que tuvo más características de francachela que de encuentro de trabajo, recuerda uno de los asistentes.

El respaldo a la venta fue unánime. No existe en el acta prueba alguna de que algún miembro hubiese objetado el negocio.

Veintitrés días después de la mencionada junta, el 23 de diciembre de 1997, la propiedad de la CVS, de más de tres hectáreas, destinada, supuestamente, a cumplir funciones para preservar y cuidar el medio ambiente, fue vendida a Beatriz Elena Escobar Escobar por la suma de 20 millones de pesos, según consta en el folio de Matrícula Inmobiliaria No. 141 – 0007968, y registrado en la oficina de Instrumentos Públicos de Ayapel, con la cédula catastral No. 000-01-026-0149-000-01-01.

***

La población más antigua de Córdoba

Ayapel es la población más antigua de Córdoba; fue fundada el 25 de septiembre de 1535 por don Alonso de Heredia; está ubicada en el oriente y pertenece a la región conocida como el San Jorge. Ayapel tiene una extensión de 2.098 km2. Está situada a 22 metros sobre el nivel del mar y con un agradable clima cálido de 28ºC a la sombra. La brisa que trae su hermosa ciénaga, y que lleva el mismo nombre del municipio, mitiga y alegra los días más calurosos.

La Ciénega de Ayapel, que en un pasado se llamó también ‘Luisa’, tiene una extensión de 7,814 hectáreas.

En 1943, el historiador sincelejano Dimas Badel, en su majestuosa obra Diccionario histórico-geográfico de Bolívar, escribió lo siguiente sobre San Jerónimo del Monte de Ayapel: “La envidiable situación de Ayapel, edificada sobre un peñón de ocho metros de altura, a orillas de la hermosa ciénaga de igual nombre, llamada también ‘Luisa’, y la que a manera de un lago suizo es un espectáculo primoroso que se presenta a los ojos del visitante, presenta tierras fertilísimas, con abundancia de agua y pastos naturales, que hacen de esta población una zona de grandes posibilidades económicas por la riqueza ingente que encierra su suelo todavía inexplotado”.

Cincuenta años después, el escritor cordobés, Juan Santana Vega, en su libro Diccionario cultural de Córdoba, afirma: “En este accidente natural hidrográfico se ha ido formando, a través de los años y por fenómenos naturales, uno de los pocos deltas interiores que existen en el mundo”.

Narra Santana Vega que “en épocas de intensas lluvias la ciénaga se desborda inundando territorios vecinos. Luego, en los meses de verano, sucede el fenómeno contrario. Las aguas se retiran dando paso a verdes pastizales que son aprovechados para el sostenimiento de miles de animales. La ciénaga se tiene como un gran recipiente natural donde van a verter sus aguas numerosos caños, quebradas y arroyuelos que tienen nombres simpáticos y singulares: Caño Barro, Muñoz, San Matías, Quebradona, Caño Grande, Carate, Rabón, Cuiva y otros”.

Cuenta más adelante el citado escritor, que uno de los principales recursos naturales que le brinda al hombre es la pesca. Pero agrega a renglón seguido: “Sin embargo, ésta ha sido víctima despiadada del descontrol y la irresponsabilidad del mismo hombre quien está poniendo en grave peligro una de sus principales fuentes de riqueza (…)”.

“En los últimos tiempos, sus orillas se han visto invadidas por numerosos y elegantes chalets y casas de veraneo, propiedades de gentes foráneas que, en alguna forma,   contribuyen al grado de contaminación de esta maravilla natural. Últimamente se ha detectado en sus aguas una peligrosa contaminación con mercurio, elemento que los mineros utilizan en la extracción del oro que abunda en las zonas vecinas a la ciénaga”. (subrayado fuera de texto)

Pero ningún escrito se tuvo en cuenta –ni por parte de los miembros de la Junta ni por los directivos– para desistir de la venta de la isla que tenía la CVS en plena Ciénaga de Ayapel. Pero sería mucho pedir que los responsables de la Corporación tuviesen tiempo para leer sobre temas tan banales; más bien, presuntamente, ellos prefieren, entre otros escritos, seguir conociendo todo lo referente a las torticeras maneras de cambiar el espíritu de un texto que les encanta y les ha dado, a algunos, excelentes dividendos: La Ley 80 de 1993, conocida como Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y que tiene como cimiento principal el principio de transparencia.

La gran pregunta que desde hace tiempo se vienen ha¬ciendo los cordobeses es si la CVS podía vender sus propiedades y si era conveniente negociar un inmueble desde donde podía vigilar y controlar el uso que se le diera a la ciénaga de Ayapel.

La venta

Al igual que los miembros de la mesa directiva de la Cámara de Representantes, que esperaron hasta los últimos días de diciembre de 1999 para realizar la conocida “feria de contratos”, dos años antes, Jaime Torralvo Suárez esperó también hasta ese mes, exactamente el día que salió a vacaciones, 12 de diciembre de 1997, para firmar el último documento: la escritura que protocolizó la venta de la isla.

La única prueba documental a la que se ha podido tener acceso fue el Acta No. 3 y en ella no aparece que el Director General de la CVS, Jaime Torralvo Suárez, haya explicado a todos los asistentes los motivos por los cuales se había tomado la decisión de pedir autorización al Consejo Directivo para vender el predio. Tampoco parece que les haya mostrado a los demás miembros el informe del Agustín Codazzi. Tal vez no lo hizo porque inexplicablemente el avalúo se había hecho en julio de 1996. Pero fue hasta diciembre del año siguiente, 1997, cuando se negoció el predio. Se hizo con un avalúo de hacía un año y cuatro meses.

Además, en la Junta no se presentaron las motivaciones para vender el predio, ni se informó si esa venta había sido incorporada al presupuesto de 1997 de la CVS.

Tal vez el argumento que esgrimirían los miembros sería que en las actas no se consigna todo lo que se discute, pero no deja de sorprender que no exista siquiera una duda por parte de los asistentes al ‘negocio’.

Aquí es preciso aclarar que hoy en día los funcionarios de la CVS se amparan en la bomba que colocaron al edificio donde funcionaba la entidad –edificio Morindó– (diciembre de 1996) para manifestar que a raíz de este lamentable suceso se “extraviaron importantísimos documentos”.

Qué eran ‘Las Palmeras’

Según el estudio que hizo el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el predio denominado ‘Las Palmeras’ es un área de 3 hectáreas más 1.250 metros cuadrados. (resaltado y subrayado fuera de texto). Ubicado en la vereda Las Escobillas, jurisdicción del corregimiento de El Cedro, en comprensión del municipio de Ayapel. Se llega por tierra y por agua.

Las Palmeras es un terreno rodeado, en tres de sus puntos cardinales, por la ciénaga de Las Escobillas. Está a dos kilómetros del área urbana de la vereda El Cedro. La propiedad fue electrificada por la CVS y contaba con servicios hídricos basados en mangueras, tubería PVC, tanque elevado y una turbina que servía para el bombeo, pero todos los implementos se hallaban en deterioro en el momento de realizarse el avalúo.

Según el informe del Agustín Codazzi, Las Palmeras se usaba como zoocriadero de hicoteas e iguanas, pero en el momento de la inspección se encontraba en completo abandono.

Según otras fuentes consultadas, también se usaba para que los ejecutivos y otros empleados de la Corporación fueran a “desestresarse”, junto con cercanos amigos. Descanso que era acompañado con las exquisitas especies del zoocriadero, que hacían de los opíparos almuerzos algo digno de cualquier César.

La propiedad tenía varias construcciones en madera, ladrillos y piso de cemento y otras obras donde funcionaban los zoocriaderos.

En el informe se leía: “La zona tiene una influencia turística” y más adelante: “Los predios que lindan con la ciénaga Las Escobillas en la vereda El Cedro se encuentran influenciados por el destino económico: recreacional y en este momento están tomando valores altos”.

El informe del Instituto valoró el predio y sus mejoras en 18 millones 22 mil 500 pesos. El documento fue suscrito por el perito avaluador Arturo Amaris Valdelamar, con matrícula No. 1090 RNA.

La CVS solicitó el estudio por medio del oficio No. 075 del 28 de junio de 1996, firmado por Hernando Llanos Cerra, secretario general de la Corporación. El 23 de agosto de 1996, el jefe de División de Avalúos (e) del Agustín Codazzi, Jaime Urrego Castaño, le responde a la CVS por medio del oficio No. 12938 los resultados finales del avalúo.

Pero al año y cuatro meses es cuando el director pide autorización al Consejo Directivo para vender el predio, cuando presumiblemente su valor era muy superior.

En la historia catastral de este predio se puede analizar la forma acelerada en que se venía valorando la tierra en esta área del departamento. Veamos:

El primer comprador pagó el 27 de julio de 1985 cien mil pesos por Las Palmeras. El 11 de julio de 1989 fue vendida por 150 mil; ya el 18 de agosto de 1989 costó 300 mil. En agosto de 1990, la CVS compró la propiedad a la señora María Victoria Arabia Abisaad por 9 millones 578 mil pesos, para luego venderla a Beatriz Escobar Escobar por la suma de 20 millones, en diciembre de 1997.

Si era vital la venta para Torralvo, ¿no hubiera sido aconsejable que la CVS realizara otro avalúo en diciembre de 1997 para vender a un mejor valor la propiedad?

Hasta la fecha, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto.

Según los documentos aportados por la CVS, sólo hubo dos propuestas para la compra del predio, la señora Beatriz Escobar Escobar y Esteban Rodríguez, ambos con cédula de Medellín. Las propuestas estuvieron fijadas en la Secretaría de la CVS en Montería y la subsede de Ayapel.

Pero lo extraño de todo es que la resolución No. 0396 “por la cual se ordena elevar a escritura pública la venta de un inmueble” fue sancionada por el director de la CVS, Jaime Torralvo Suárez, el 20 de octubre de 1997, un mes antes de ser autorizado por el Consejo Directivo. Él recibió la autorización el 20 de noviembre de 1997, según consta en el Acta No. 3. Aseguran fuentes consultadas que la venta ya estaba “amarrada”.

Lo cierto es que el 3 de diciembre se volvió a reunir el Consejo Directivo y aprobó, sin ningún comentario, el Acta No. 3. Allí también fue elegido, por aclamación unánime, Jaime Torralvo Suárez, para el período comprendido entre el primero de enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2000. Lo extraño aquí es que la Junta debía aprobar las vacaciones del reelegido director de la Corporación, pero no se hizo; así consta en el acta de la última reunión del Consejo Directivo de la Corporación del 3 de diciembre de 1997. Días después apareció la resolución No. 0.0465 del 12 de diciembre de 1997, “por la cual se hace un encargo”.

Después de las consideraciones reza: Que el Director de la Corporación Autónoma Regional de los valles del Sinú y del San Jorge, CVS, doctor Jaime Torralvo Suárez, solicitó autorización ante el Consejo Directivo para efectos de disfrutar de dos (2) períodos de vacaciones (…)“. En ninguna acta aparece tal petición de autorización. Para solucionar el impasse acudieron dizque a un memorial “suscrito por cada uno de los Miembros del Consejo”, para autorizar las vacaciones; tal resolución tiene fecha de viernes 12 de diciembre de 1997. Al parecer, fue un día complicado para la CVS en lo que a arreglos de “última hora” se refiere.

Pero volviendo al tema de la venta de la isla, otra duda es que el informe del Agustín Codazzi habla de tres (3) hectáreas más 1.250 metros cuadrados, pero la escritura No. 465 del 12 de diciembre de 1997 que le corre la CVS a la compradora Beatriz Escobar habla de dos (2) hectáreas. Ningún funcionario explicó el porqué de la diferencia.

La venta de la isla de la CVS se asemeja a esta aberrante comparación: es como si la Policía Nacional decidiera vender la base Antinarcóticos ubicada en Miraflores (departamento de Guaviare); o como si la Fuerza Aérea vendiera sus aviones o helicópteros; o como si la Marina vendiera sus embarcaciones.

Lo que no se pudo establecer es si la CVS fue creada para estar en el mercado de finca raíz. Muchos ciudadanos consultados se preguntan ¿cómo es posible que Torralvo haya vendido una isla, que es el sitio ideal para que la entidad desempeñe sus labores ecológicas y de protección al medio ambiente? ¿Qué era mejor? ¿Vender a 20 millones o conservar el patrimonio?

La CVS ha recibido, desde el 5 de agosto de 1983 hasta el 5 de noviembre de 1992, por concepto de regalías de Cerro¬matoso, $ 19.849’362.999; para esa época eso equivale hoy a un poco más de 50 millones de dólares.

Desde 1993 hasta el 2000 ha recibido aproximadamente más de 100 millones de dólares.

Las regalías por concepto de Níquel se reparten así: la CVS, el 60 por ciento, los municipios de Ayapel, Buenavista, Montelíbano, Planeta Rica, Puerto Libertador y Pueblo Nuevo, reciben el 40 por ciento restante; en este último porcentaje va un 1 por ciento para el Distrito de Cartagena por ser la zona de embarque del níquel.

Otro ingreso para la mencionada corporación es el pro¬veniente por concepto de la sobretasa ambiental: desde  enero de 1996 hasta septiembre del 2000, la CVS ha recibido $3.952’029.823.

El 30 de marzo de 1989 el Congreso de la República expidió la Ley 36 de 1989 “por medio de la cual se modifica y adiciona el artículo 13 de la Ley 13 de 1973 y establece la nueva distribución de las regalías”, ya que hasta esa fecha la CVS recibía el 100%. La modificación estableció:

CVS: 60%
Montelíbano: 20%
Ayapel: 5%
Puerto Libertador: 4%
Planeta Rica: 4%
Pueblo Nuevo: 4%
Buenavista: 3%

La nueva norma –Ley 36 de 1989– también precisó que los municipios administraran autónomamente los recursos, pero el 85% de los mismos debía ser destinado a inversión. De igual manera, en su único parágrafo, establece que los recursos que le quedan directamente a la Corporación    Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS, “se utilizará prioritariamente en la construcción, hasta su total terminación, de los acueductos regionales en el departamento de Córdoba”. (resaltado y subrayado fuera de texto)

Pero, al parecer, las regalías y la sobretasa ambiental no son suficientes para que la CVS pueda invertir en obras y cancelar su oficial y “paralela” nómina. Tal vez así se pueda entender la razón que los motivó a comenzar a vender sus propiedades.

***

La CVS se ha hecho famosa en Córdoba por las historias que se tejen sobre ella y algunos de sus funcionarios (muchos creen que son invenciones). Sin embargo, hay una historia que ha hecho carrera y que muchas personas afirman que sucedió. Hace algunos años llegaron unos funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente a Montería. Tomaron un taxi en el aeropuerto y no recordaban la nueva dirección de la CVS, ya que ésta se había trasladado debido al atentado que sufrió el edificio Morindó. Sabían que la Corporación se había pasado a una casa y le dijeron al conductor que los llevara “a la casa de la CVS”. El taxista los llevó a un palacete del barrio La Castellana, en donde vive el director de la mencionada entidad oficial. Uno de los funcionarios, que había estado antes en la nueva oficina, dijo que le parecía que allí no era. Y no era allí. Pero ahí sí quedaba la mansión del emperador.

La nueva feria de ventas

Por otra parte, la CVS le ha solicitado al Agustín Codazzi nuevos avalúos sobre bienes que posee en San Antero y Montería, como son el predio donde funcionan las camaroneras Punta Bello y un lote que está al costado sur del barrio Los Bongos. Los avalúos fueron solicitados hace más de uno y dos años, respectivamente. Ya fueron puestos a la venta, pero nadie ha visto en un diario de circulación nacional las ofertas.

Los nuevos avalúos

El 11 de noviembre de 1998, Hernando Llanos Cerra, Secretario General de la CVS, le solicitó al entonces director regional del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, José Hernán Córdoba, un avalúo de dos lotes, con un área total de 8.674 metros cuadrados que posee la Corporación en la ciudad de Montería, frente al barrio La Castellana, identificados con la matrícula inmobiliaria No. 140-0037719.

Uno de los lotes tiene 51,73 metros frente a la vía Montería-Cereté; el otro está ubicado hacia la parte de atrás del primero y parte de su extensión es de cesión obligada para la vía que está proyectada por esa zona de la ciudad. La CVS adquirió estas propiedades en abril de 1991, con el fin de construir allí su sede. En el momento de solicitar el avalúo, la CVS no presentó los certificados de tradición.

El lote con el frente a la carretera Montería-Cereté fue avaluado en 260 millones 220 mil pesos lo que equivale a un costo de metro cuadrado de $ 60.000; el área es de 4.337 metros cuadrados.

El otro inmueble (ubicado dentro del mismo sector y, además, colindante con el otro) fue avaluado en 173 millones 480 mil pesos; el valor del metro cuadrado fue establecido en $40.000; el área del lote es también de 4.337 metros cuadrados.

Ocho meses después el mismo funcionario solicita nuevos avalúos, pero esta vez no sobre propiedades urbanas, sino sobre unas rurales ubicadas en San Antero (Córdoba), donde al parecer, se cree, funciona un laboratorio para la reproducción de camarones.

El 16 de julio de 1999, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi radica los dos oficios de la CVS, que fueron adiados el 2 de julio del mismo año, en donde el funcionario de la Corporación, Hernado Llanos Cerra, solicita el avalúo del predio denominado ‘Bello’ o ‘Punta Bello’ y de otro llamado ‘Calao’, los dos ubicados a 6 kilómetros de San Antero, en la vía que conduce a Coveñas.

‘Punta Bello’ es una paradisíaca y hermosa propiedad de la CVS ubicada en la vereda Vijaíto, en el corregimiento de La Parrilla, jurisdicción de San Antero. Tiene una extensión de 7 hectáreas 1.635 metros, así figura en su Número Catastral No. 00-02-004-0114-000. Fue adquirida por la CVS el 8 de febrero de 1988 por el entonces director Roque Ramiro Sánchez Kerguelén a la señora Nelly Juliao Vda. de Ramírez, por un valor de $ 2’645.280. La venta se hizo con la condición de que si a los cinco años no se construía el proyecto camaronero que la CVS planeaba, la Corporación estaba obligada a retrovender la propiedad; así se establece en la escritura No.114 del 8 de febrero de 1988, de la Notaría Primera de Montería.

Hoy, 12 años después, ya construidos los estanques y el laboratorio –que se construyó dos veces porque la primera quedó mal– y sin la obligación de retrovender, la CVS está a las puertas de vender uno de sus activos más preciados. Allí queda, aún, la más hermosa reserva de manglares.

‘Punta Bello’ está ubicada frente al mar Caribe y la descripción general del sector está hecha en un informe del instituto avaluador que dice: “El entorno del sector es mixto, una zona con características para la actividad turística y otra agrícola y pecuaria con infraestructura para la explotación piscícola”.

Agrega el informe que la “actividad predominante” es di¬versa y la describe de la siguiente manera: “Agropecuaria: ganadería y agricultura semiintensiva. Turística: playas marinas y bellezas escénicas del área de Cispatá en su entorno. Piscicultura: extracción de moluscos, peces, crustáceos y pesca artesanal”.

Párrafo seguido escribe: “En los últimos tiempos se han establecido algunas pequeñas empresas dotadas de in¬fraestructura para la extracción, conservación y comer¬cialización de los productos obtenidos”.

El predio fue avaluado en 675 millones 127 mil 836 pesos, discriminados así: terrenos $203’544.700.oo; construcciones y mejoras $471’583.136.oo

El otro predio avaluado, denominado ‘Calao’, está ubicado en el nordeste de San Antero, en la vereda Vijagual-Vijaíto, en comprensión del corregimiento La Parrilla. Tiene una extensión de 5 hectáreas 684 metros, según su tarjeta catastral No. 00-02-004-0115-000. Esta propiedad de la CVS colinda por el norte con ‘Punta Bello’.

El lote ‘Calao’, al igual que el primer predio, fue adquirido a la señora Nelly Juliao Vda. de Ramírez, por la CVS, siendo director Roque Ramiro Sánchez Kerguelén, por la suma de $7’935.840. También la Corporación se vio obligada a construir un puente sobre el caño Bijao-Chiquitico y a mejorar, asistir y conservar las servidumbres de tránsito existentes en el predio Calao, “como contraprestación a la buena voluntad de los vendedores”, según consta en la escritura No.115, del 8 de febrero de 1988 de la Notaría Primera de Montería.

El puente se construyó y tiene 13,5 metros de luz.

Afirma el informe del Agustín Codazzi que la explotación de los suelos del predio Calao son “netamente piscícolas”; además de la pesca artesanal, de los estancos para la explotación de camarones y de la influencia marítima y tu¬rística.

El total del avalúo de este predio fue de 123 millones 977 mil 275 pesos, discriminados así: terrenos: $71’971.280. Construcciones y mejoras: $52’005.995.

Estos predios ya han sido puestos a la venta; lo extraño es la manera tan sigilosa en que se han hecho las ofertas. Pero no es de sorprender el sigilo, ya que Hernando Llanos Cerra fue muy preciso en los tres oficios que envió al Agustín Codazzi; al final exigía: “Le agradezco la atención prestada a esta petición. Favor enviar en forma confidencial”. (resaltado y subrayado fuera de texto)

No hay que descuidar que estos dos predios quedarán equidistantes del posible Puerto Marítimo que se construirá en San Antero.

Al igual que en la isla de ‘Las Palmeras’, en Ayapel, las instalaciones de Punta Bello y de ‘Casa Maya’, esta última ubicada en Cispata, servían para los exigentes descansos de ejecutivos, funcionarios y allegados de la CVS. Son conocidos los famosos ‘weekend’ que organizaba Torralvo en estas propiedades. Aún muchos no olvidan las ‘orgías marineras’ que se daban en estos paradisíacos lugares. Aclaro, me refiero a un plato típico que lleva todas las especies del zoocriadero y del mar.

Estatutos de letra muerta

La resolución número 1478 de diciembre 4 de 1995, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente “por la cual se aprueban los Estatutos de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge –CVS–”, reza en algunos de sus apartes:

Capítulo II, artículo 7º, dice: “OBJETO: la corporación tiene por objeto propender por el desarrollo sostenible y protección del medio ambiente en su jurisdicción, a través de la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente”.

El artículo 9 habla de las funciones y el numeral 12 reza así: “Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables (…)”.

Hasta la fecha no se conoce ninguna resolución o comunicación del Ministerio del Medio Ambiente en el sentido que las Corporaciones Autónomas estén obligadas a vender sus inmuebles ubicados en sitios donde ejercen la esencia de su existencia, como es la de cuidar el medio ambiente.

En fin, no se sabe quién salvará la ciénaga de Ayapel de la contaminación, y la fauna y flora de los depredadores humanos, si su principal base de control, como era la isla de Las Palmeras, se encuentra en poder de particulares. Lo mismo hay que pensar con respecto de los predios Calao y Punta Bello, que quiere, presuntamente, vender la CVS.

***

Finalizada esta historia se conoció que hubo cambios en la CVS, pero no debido a investigaciones iniciadas por las autoridades legalmente constituidas, sino por presiones de fuerzas al margen de la ley, que le “solicitaron respetuosamente” a Jaime Torralvo Suárez que desistiera de postular su nombre para la nueva elección del director de la CVS, para el período 2001-2003, realizada el 11 de diciembre del 2000.

Por primera vez se presentaron 11 candidatos a concursar por el cargo. El escogido, por mayoría absoluta de la Junta Directiva, fue el abogado monteriano Jaime García Exbrayat. Se sabe que su padre, Rodrigo García Caicedo, llegó a Córdoba, antes de su creación como Departamento, como guardabosques y responsable de crear las oficinas que defendieran a Córdoba de los depredadores humanos; hoy, 50 años después, su hijo tiene la oportunidad de continuar la labor que su padre inició hace muchos años.

García Exbrayat fue un aguerrido personero en la administración de Juan González Petro, alcalde de Montería en 1992 -1995. Con este último tuvo varios enfrentamientos por no ser “permisivo”.

Los cordobeses esperan que en la CVS no suceda lo mismo que en otras dependencias del Estado en donde, al parecer, los funcionarios públicos tienen ‘patente de corso’ para no mostrar resultados y dejar disminuidas las arcas pú¬blicas.

Comentario:

En aras de la objetividad, pensé entrevistar a todos los miembros del Consejo Directivo para escuchar su versión de si estaban de acuerdo con la venta de un predio que servía exactamente para desarrollar las funciones de vigilancia de la CVS, pero el silencio y la aprobación unánime en el Consejo Directivo eran suficiente respuesta para desistir de tales entrevistas. En la Junta era donde debían exponer sus dudas y quejas, no en una crónica hecha dos años después.

Julio de 2000

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